El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes 28 de septiembre, por 77 votos contra 22, el Protect College Sports Act, la ley de Ted Cruz y Maria Cantwell que pone reglas federales al deporte universitario. Fue la última de seis votaciones que empezaron el 15 de septiembre con el 74-24 para abrir el debate. La ley pasa a la Cámara de Representantes, en receso hasta después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
La ley toca el dinero en tres puntos. Sube lo que cada escuela puede pagarle directamente a sus atletas, hasta unos US$49 millones al año. Le da a la NCAA una exención antimonopolio para hacer cumplir ese tope. Y permite que las universidades vendan juntas sus derechos de TV con la misma protección legal que tienen la NFL y la NBA.
La venta conjunta podría cambiar cuánto dinero entra al deporte universitario, pero es la que más difícil tiene nacer. Necesita a 104 de las 138 escuelas de la FBS, la división más alta del futbol americano universitario, y Big Ten y SEC, las dos conferencias que más ingresan, ya dijeron que no les interesa.
Un tope más alto, esta vez a prueba de demandas
El nuevo techo: La ley conserva el tope que fijó el acuerdo del caso House contra la NCAA, que cerró varias demandas antimonopolio y obligó a las escuelas a compartir ingresos con sus atletas. Encima de ese tope agrega dos bolsas: un fondo de retención para los atletas que ya están en la escuela, sujeto a metas académicas, y otra reservada para los deportes que no generan ingresos.
Lo que pidieron Big Ten y SEC: Las dos conferencias respaldaron la ley en agosto, después de que Cruz y Cantwell rehicieran el esquema de reparto con un tope más alto. También entró un candado: los socios comerciales de cada escuela y los terceros que pagan acuerdos de NIL (nombre, imagen y semejanza) tendrán que certificar por escrito que la escuela no es la fuente del dinero, el hueco por el que las escuelas más ricas han armado planteles muy por encima del tope.
El blindaje: Desde 2021, cuando la Suprema Corte resolvió en el caso Alston que la NCAA no está exenta de las leyes antimonopolio, cualquier regla que limite lo que gana un atleta puede impugnarse como un acuerdo entre competidores. La ley le da a la NCAA una exención para hacer cumplir el tope, la regla de una sola transferencia sin castigo y la ventana de cinco años para competir.
En la NFL y la NBA, los topes salariales resisten las demandas porque están pactados con el sindicato de jugadores. Aquí la protección llega por ley, sin una contraparte que negocie por los atletas. Cory Booker, que votó en contra, señaló que la exención no tiene fecha de vencimiento, mientras que las protecciones a los deportes femeniles y olímpicos expiran a los nueve años en las escuelas grandes.
Lo que la Corte le quitó a la NCAA en 1984
El precedente: La NCAA negoció en bloque la televisión del futbol americano universitario de 1951 a 1984. Ese año, la Suprema Corte resolvió en el caso NCAA contra la Junta de Regentes de la Universidad de Oklahoma que ese control violaba la ley antimonopolio, y anuló contratos por US$280 millones. Desde entonces, cada escuela o grupo de escuelas vende sus propios partidos.
De ahí salió el modelo actual. Big Ten inventó la cesión de derechos, en la que cada escuela le entrega sus derechos de TV a la conferencia a cambio de una parte de los ingresos, y hoy así funcionan las cuatro conferencias grandes. Notre Dame y UConn son las únicas escuelas que siguen vendiendo su futbol por su cuenta.
La herramienta de la NFL: La ley de transmisiones deportivas de 1961 (Sports Broadcasting Act) permite a la NFL, la NBA, la MLB y la NHL negociar juntas sus derechos de TV sin violar la ley antimonopolio. El proyecto extiende esa protección a una entidad formada por universidades, con condiciones: ofrecer cada partido de futbol americano y basquetbol a una televisora abierta del mercado local, reunir al menos 75% de la FBS y respetar los contratos vigentes.
104 escuelas, ni una menos
La cuenta: Desde el 1 de julio, la FBS tiene 138 escuelas, según el Servicio de Investigación del Congreso, así que el 75% equivale a 104. Big Ten tiene 18 miembros y SEC, 16. Sin ellas quedan exactamente 104: la venta conjunta puede nacer sin las dos conferencias más ricas solo si entran todas las demás, incluidas Notre Dame y UConn.
El estudio en contra: En febrero, un estudio que Big Ten y SEC encargaron a FTI Consulting concluyó que vender los derechos en bloque generaría menos dinero que el modelo actual y calificó la propuesta de "peligrosamente inviable". Respondía a Cody Campbell, presidente del consejo de regentes de Texas Tech, que calcula que la venta conjunta sumaría US$7,000 millones de valor en una década.
Seis lugares libres y una espera hasta 2031
El límite de 20: Las conferencias que ingresan más de US$700 millones al año, hoy las cuatro grandes, no podrán pasar de 20 miembros. Una enmienda aprobada antes del voto final subió el límite de 19. Big Ten tiene 18 y SEC 16, así que entre las dos quedan seis lugares.
La espera: Una escuela que salga de una conferencia grande hacia otra tendrá que pasar tres años como independiente antes de entrar. La espera era de cinco años, bajó a tres por presión de escuelas de ACC y solo aplica hasta el final de 2031. Una escuela independiente o de una conferencia fuera de las cuatro grandes puede entrar sin esperar.
El plazo se acaba cuando empiezan a vencer los contratos de TV: Big Ten en la temporada 2029-30, Big 12 en 2030-31, SEC en 2033-34 y ACC en 2035. Los críticos de la ley advierten que un tope de pago más alto, con seis lugares en juego, puede alimentar una carrera de gasto entre escuelas de ACC y Big 12 que quieran entrar a Big Ten o SEC.
La Cámara tiene cinco semanas
El calendario: En el Senado el margen fue amplio, con 50 de los 53 republicanos y 27 senadores de la bancada demócrata a favor. La Cámara tiene menos tiempo: vuelve a sesionar el 9 de noviembre y tendrá cinco semanas de votaciones antes de fin de año. Si la ley no pasa antes de que arranque el nuevo Congreso en enero, el proceso empieza de cero.
El punto débil: La ley no dice si los atletas son empleados. Cruz dijo que habría preferido declarar que no lo son, como hacían las versiones republicanas previas en la Cámara, pero que eso era demasiado para los demócratas. En contra están el Caucus Negro del Congreso, la NAACP, la central sindical AFL-CIO y la asociación de jugadores universitarios NCPA.